sábado, 24 de octubre de 2009

La justicia de los ilegales






La justicia de los ilegales


La Ley y la justicia en ocasiones se nos aparecen como si fueran dos cosas semejantes o, cuanto menos, correlativas entre sí: como si la función de la Ley fuera implantar justicia, o como si la justicia se expresara a través de la Ley. Sin embargo, más allá –o más acá- de las luces platónicas de la apariencia, las cosas resultan ser bastante distintas. La Ley no es más que un puro límite, frontera o línea que cruza por en medio de la calle, que franquea los campos y atraviesa nuestros cuerpos de-limitando lo legal de lo ilegal –de aquí la extrema preocupación de los legisladores por instituir leyes claras y precisas que permitan, en su prolija enunciación, erradicar el mayor vestigio posible de malentendidos y contradicciones.


A un mismo tiempo que de-limita, la Ley subjetiva: constituye en su de-limitación sujetos legales e ilegales. Unos y otros –aquellos que quedamos de un lado y del otro del límite que la Ley traza e impone- no somos sino los derrotados de las luchas en que, bajo el filo de la espada del Estado, fuimos vencidos y convencidos del deber de agachar la cabeza ante su letra, que también es espada y Ley y Estado: significante soberano.


Por el lado de la justicia, la situación resulta un tanto más confusa y compleja. Ésta no se presenta de manera tan clara, precisa y prolija. Ella se esconde vergonzosa bajo un manto de sombras que impide su justa designación. El filósofo francés Alain Badiou, en una conferencia dictada en el año 2004 en la ciudad de Rosario, sostenía que tal opacidad se debe a que “no hay testimonio de la justicia, nadie puede decir: `yo soy el justo`”. De este modo, la justicia se nos presenta como un campo abierto de disputas por la institución de su significación, mientras que la Ley, por el contrario, disputa su lugar en lo social como significante soberano e instituyente –pero instituyente (vale decirlo una vez más) de lo legal y lo ilegal, no de lo justo e injusto.


En tanto campo de disputa, la justicia nos exige tomemos posición frente a ella. ¿Qué pensamos de la justicia?, ¿qué es lo justo y qué lo injusto? Ello mismo se preguntaba Badiou en la conferencia arriba citada, y proponía como respuesta una definición políticamente activa de justicia. La justicia –nos decía- es “toda tentativa de luchar contra la esclavitud moderna, lo que significa luchar por otra concepción del hombre”, distinta a aquella que lo constituye en cuerpo que consume y sufre.


A partir de esta serie de sintéticas reflexiones, podríamos sin inconvenientes deducir que, si la Ley no se corresponde necesariamente con la justicia, bien puede suceder que se sancionen leyes injustas. Si desempolvamos rápidamente un poco la historia, podemos encontrar actos de injusticia en la sanción de leyes tales como las de Nüremberg en la Alemania Nazi, o las leyes de Aniquilamiento de la Subversión en la Argentina pre-dictatorial de Isabelita, o la Ley de Residencia elaborada por Miguel Cané bajo el gobierno democrático de Julio A. Roca.


Así también, podemos encontrar injusticias no tan evidentes –aunque no por ello menos significantes- en el veto injusto pero legal de la Ley de Emergencia Habitacional en diciembre de 2008 por el gobierno de Macri. Tal medida constituyó el puntapié inicial de un proceso aún abierto de desalojos compulsivos contra diversos espacios ocupados de la Ciudad de Buenos Aires, devenidos en centros culturales, huertas orgánicas, asambleas barriales, cooperativas de vivienda, fábricas recuperadas. La argumentación a dicho avance estatista fue que la ocupación de los espacios era ilegal y, por ende, sus ocupantes ilegales. Ante tal situación, la respuesta de los ilegales no se hizo esperar y rápidamente se organizaron para resistir a los desalojos.


Uno de los lugares que actualmente se encuentra bajo amenaza de desalojo es la Asamblea de Flores, ubicada en la intersección de la avenida Avellaneda y la calle Gavilán. Allí funciona un centro cultural en el que se dictan diversos talleres para vecinos del barrio, y una cooperativa de vivienda en la que viven treinta y cinco familias y más de cien personas. En un documental elaborado por activistas del espacio, uno de los jóvenes que vive allí sostiene que el lugar no es un espacio tomado u ocupado, sino recuperado.


Los verbos tomar y ocupar refieren a un acontecimiento que se impone desde el presente. El verbo recuperar, por el contrario, nos remite a un pasado que no es directamente asible, pero que resuena en su rememoración a un momento originario que permanece abierto: el momento de la justicia de aquellos que fueron vencidos y, tiempo después, hicieron del instante en que recuperaron el lugar que ahora ocupan (como diría Benjamin) su “chance revolucionaria”.


El espacio –en tanto pura territorialidad- es y fue, ante todo, espacio común de todos y de nadie, luego estatizado, privatizado y de-limitado con la sangre de los vencidos. Es este espacio originario aquel al que los activistas de la Asamblea de Flores hacen referencia cuando mencionan el verbo recuperar. A través de la recuperación como oportunidad revolucionaria, instituida por la Ley y el Estado como ilegal, los ocupantes –o, más bien, recuperantes- recuperaron el espacio del que alguna vez fueron excluidos –que no es otro que el espacio vital de su vivienda, de su trabajo, de su producción y su creación- y lo reconstruyeron como espacio de resistencia.


Casi cien años antes de la conferencia dictada por Badiou, el anarquista mexicano Ricardo Flores Magón sostenía que “el verdadero revolucionario es un ilegal por excelencia. El hombre que ajusta sus actos a la Ley podrá ser, a lo sumo, un buen animal domesticado; pero no un revolucionario. (…) Por eso, los Revolucionarios tenemos que ser forzosamente ilegales. Tenemos que salirnos del camino trillado de los convencionalismos y abrir nuevas vías.” Estas palabras nos inducen a preguntarnos: acaso en este salirse del camino de los convencionalismos, ¿no se encuentra también aquella lucha contra la esclavitud moderna y por otra concepción del hombre propugnada por Badiou, así como también aquella recuperación ilegal del espacio llevada a cabo por los asambleístas de Flores? Si nuestra respuesta es afirmativa, entonces podríamos sostener que la verdadera justicia –la justicia originaria- no es la impartida por la Ley, sino, justamente, aquella que ésta busca aprisionar bajo la estigmatización de la ilegalidad: la justicia de los ilegales.



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Feria del libro independiente y (a) en la Asamblea de Flores, 24/10

Flia de emergencia, contra el desalojo del espacio recuperado por los vecinos de Flores.



lunes, 12 de octubre de 2009

La ciudad y los ciudadanos






La ciudad y los ciudadanos


Una de las nociones fundamentales que irrumpió en la academia para mediar entre los componentes del binomio Sociedad/Estado, y subsanar los vacíos teóricos que éste entraña[i], es la de ciudadanía, la cual alude al conjunto de derechos que el Estado le reconoce a los sujetos que subyuga. Para ser más precisos, habría que decir que el ciudadano es una figura indisociable del Estado-Nación moderno, así como el súbdito lo era respecto a los Estados feudales y las monarquías absolutas (y la cuestión de fondo siempre es la de la legitimidad de los distintos regímenes de dominación); por lo tanto, más que una irrupción, se trata de una renovada atención y debate en torno al concepto.


En una primera aproximación, digamos que la ciudadanía se construye -o se destruye (o de-construye)- en la medida que los sujetos van adquiriendo -o perdiendo- los derechos que el Estado le debe reconocer. Asimismo, se fortalece (o se debilita) en la medida que los ciudadanos ejercen (o no) los derechos adquiridos.


En una segunda aproximación, podemos distinguir dos niveles. Uno es el plano formal, abstracto, de los cuerpos legales y normativos que rigen, o intentan regir, la vida social. El otro es el plano concreto, en el que se puede constatar que las leyes no son sino letra muerta toda vez que no se cumple con ellas. Basta contrastar la Constitución Nacional con una ligera observación de nuestro alrededor, o incluso por lo difundido en la coyuntura actual por cualquier medio masivo de comunicación (aún los más reaccionarios, que actualmente, y a tono con las denuncias de la no menos reaccionaria Iglesia Católica, dan cuenta del incremento de la pobreza estructural en nuestro país) para poner en evidencia que los artículos de la Carta Magna no pasarían de ser más que el producto literario –con pomposas pretensiones políticas- de un puñado reducido de juristas.


Llevando estas discusiones al terreno de los conflictos que nos ocupan (de los cuales no se han hecho eco los medios masivos de comunicación), podría decirse a modo de ejemplo que la expropiación definitiva de IMPA, sancionada por la ley 2969/2008, es una conquista popular que se expresa tanto en el plano concreto como en el plano formal de la legalidad. Concreto, porque en los hechos los trabajadores ocuparon la fábrica y la pusieron en funcionamiento, reivindicando su derecho a trabajar contemplado por la Constitución Nacional. Formal, porque el sistema legal posteriormente se vio obligado –por la constante lucha, no exenta de conflictos internos, que supieron dar los trabajadores de IMPA- a reconocerles este derecho y a explicitarlo en una norma específica. Ahora bien, el escenario actual nos encuentra con la inminente declaración de inconstitucionalidad de dicha ley por parte del juez Héctor Hugo Vitale -el mismo que aplicó sin miramientos la ley de expropiación definitiva en la quiebra de Ghelco- tras lo cual ordenaría nuevamente el desalojo de la fábrica para su posterior remate. Según el comunicado de prensa que los propios trabajadores lanzaron el pasado 10 de agosto, la causa de este desalojo es un negociado inmobiliario que dejaría 6 millones de pesos a repartirse entre Vitale y Debenedetti, síndico de la quiebra.


Si éste desalojo tuviera lugar, es decir, si esta vez al juez Vitale se le ocurre hacer caso omiso de una ley sancionada por el Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, podría inducirse que la lucha consagrada en el plano legal y administrativo carece de importancia; que no tiene sentido pelear por la sanción de una norma, como en su momento pelearon los trabajadores de IMPA y de otras empresas recuperadas, si más tarde aparecerán grupos con significativo poder económico e inclinarán las leyes a su favor (sobre todo si los jueces tienen un “sentido de la propiedad” hipertrofiado). Al lado del caso IMPA, hay innumerables casos concretos y particulares que dan cuenta de la violación sistemática de los derechos de las clases subalternas. Considerados en su conjunto, y por inducción, no es descabellado llegar a la peligrosa conclusión de que en el terreno legal no hay disputa que valga la pena.


Aquí no se pretende hacer una apología de la legalidad, sino de pensar por qué razones es necesario –si es que es necesario- seguir dando pelea también en ese ámbito. Una buena razón podría ser de índole discursiva. Y acá entramos de lleno en el plano de la disputa de sentido, de la lucha en el campo de lo ideológico, y sobre todo en la construcción de la imagen de sí mismos que los políticos le encargan a sus publicistas, y que difunden a través de los holdings mediáticos con la colaboración de sus periodistas adictos. Para exigir la obediencia al Estado, los defensores del “orden” (en todas las acepciones que este término soporta), son concientes de que les es posible avanzar sobre los derechos adquiridos de los gobernados siempre y cuando se esté actuando dentro de la ley. De no ser así, por ejemplo, entrarían en contradicción con aquel discurso que brega por la “calidad institucional” (este término, el último grito de la moda en la política marketinera, es un muy buen ejemplo de lo que, en la teoría discursiva de la ideología, Laclau denominó significante vacío). Este límite legal/discursivo, que en cada caso particular nos coloca a un lado u otro de la línea imaginaria que separa a los “honestos” de los “delincuentes”, es una de las tantas razones por las cuales Macri, a través de métodos más o menos groseros, se ve obligado a reformar el marco regulatorio con el que debe operar. Lo hizo al derogar, mediante el decreto 9/2009, la ley 2973, aquella que suspendía los desalojos de los inmuebles del GCBA mientras estuviese vigente la Emergencia Habitacional, la cual había sido prorrogada por la ley 2472/2007 hasta el 2010.


La próxima reforma ya no será por decreto, sino que –probablemente en aras de una mejor “calidad institucional”- el macrismo tendrá la delicadeza de impulsar una importante reforma judicial recurriendo a la Legislatura porteña, donde mantendrá una cómoda mayoría hasta el 10 de diciembre. El proyecto de ley, que iba a votarse en las primeras semanas de octubre[ii], por un lado faculta al GCBA para recusar un juez sin motivo alguno (eso sí, a uno sólo) cada vez que le llegue una causa. O sea, si el magistrado le ha fallado desfavorablemente en juicios anteriores, puede reclamar que el nuevo litigio quede en manos de otro juez. Por otro lado, y esto me parece lo más grave, establece que toda persona jurídica deberá ofrecer una contracautela como requisito previo a la presentación de un amparo judicial, es decir, deberá responder con un bien de su patrimonio por si el amparo no tiene lugar en el fallo del Tribunal. Para analizar este nuevo orden legal que pretenden imponer el PRO, y sus eventuales aliados, hay un caso relativamente reciente que pone en evidencia el retroceso que significará esta reforma para los sectores populares.


A principios de año, unas setecientas familias que ocupan inmuebles del GCBA ubicados sobre el tramo 5 de la traza de la ex autopista 3, fueron notificados respecto a un inminente desalojo administrativo (la ley 1408 ya había sido vetada por Macri en el 2008). Fue el indicio más claro, hasta entonces, de que éste gobierno está dispuesto a desplazar barrios enteros, y transformar a su antojo la demografía de la ciudad, a la par que concreta negociados con empresarios del sector inmobiliario. Si bien Macri ya había hecho públicas sus intenciones de erradicar villas (plan que no pudo concretar gracias a la resistencia de las organizaciones de las villas), ahora se les estaba intimando a miles de personas a que abandonaran una zona que comprende catorce manzanas dentro del barrio de Villa Urquiza. Cien de esas familias, lejos de resignarse, presentaron entonces sus respectivos amparos ante los Tribunales Contenciosos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y la jueza Elena Liberatori falló a favor de ellas. En su resolución, la Dra. Liberatori consideró que los desalojos no tenían como contrapartida una "vivienda digna", sino apenas un subsidio[iii].


Ahora bien, una vez concretada la reforma macrista ¿qué ocurriría ante un nuevo desalojo masivo que el GCBA decida llevar adelante, como el que se les notificó recientemente a las 27 familias que ocupan inmuebles sobre la Avenida Caseros al 1600/1800? En primer lugar, estas familias sin vivienda sólo podrían presentar un amparo si previamente ofrecieran un bien patrimonial como garantía (y si se ven obligados a ocupar un inmueble es de suponer que carecen de medios para alquilar una vivienda digna). En segundo lugar, suponiendo que los vecinos pudieran sortear este escollo iniciando un expediente para litigar sin gastos, si el caso recayera en manos de la jueza Liberatori -o cualquier otro magistrado con un historial de fallos desfavorables al GCBA (o mejor dicho, contrarios a medidas tales como los desalojos administrativos que no consideran la vulneración de derechos básicos como el de vivienda)- los mandatarios que dicen defender el patrimonio Estatal podrían recusar a esta jueza –reitero: sin dar motivo alguno- con la esperanza de que la causa vaya a parar a las manos de un juez al que le parezca correcto dejar, más tarde o más temprano, a varias familias en la calle. En este sentido, no está de más señalar que esta reforma judicial viene de la mano de la designación de Daniela Bruna Ugolini al frente del Tribunal Superior de Justicia: Ugolini tiene el record de fallos favorables a la gestión PRO.


Entonces, la segunda razón para no desatender la lucha en el terreno legal y administrativo, es precisa y redundantemente de carácter legal y administrativo. Y esta línea de acción no va en detrimento de la que comúnmente denominamos acción directa, ni significa abandonar aquellas históricas medidas de fuerza que las clases populares llevaron y llevan adelante por la construcción y defensa de su ciudadanía (tomas, piquetes, escraches, manifestaciones y movilizaciones…). De hecho, la presión que se ejerce con éstas medidas es determinante para que el Estado (ya sea a través de un juez, un legislador o un burócrata del ejecutivo) se decida o no a violentar los derechos de sus ciudadanos. Afortunadamente, esta separación entre los diversos tipos de acción, que aquí formulamos sólo a nivel analítico con intenciones de repensar la línea legal/administrativa, no aparece como tal en la realidad; y las clases populares, especialmente cuando se dan a sí mismas cierto grado de organización, no sólo saben muy bien cuando recurrir a una u otra línea de acción, sino que ponen en evidencia la unidad de la lucha cada vez que -en un piquete o un escrache- hacen saber a los demás ciudadanos -a través de pintadas, pancartas y volantes, y también a viva voz o con la ayuda de un megáfono- cuáles son los derechos que se les están negando, o dicho de otro modo, cuáles son las leyes fundamentales que violan los delincuentes de turno al mando del aparato estatal.



Notas:


[i] Para un recuento y clasificación de las distintas perspectivas que abordaron la relación entre Sociedad y Estado –y la insuficiencia teórica de aquel marco conceptual tradicional para explicar las políticas públicas que emergieron especialmente con el Estado de Bienestar- puede consultarse el realizado por Sonia Fleury en “La naturaleza del Estado capitalista y de las políticas públicas”, capítulo que abre Estado sin ciudadanos. Seguridad Social en América Latina (Lugar Editorial, Buenos Aires, 1997).


[ii] Según Página 12, uno de los pocos medios importantes de la prensa escrita que cubrió este tema (el absoluto silencio de Clarín y La Nación en relación a esta reforma judicial es por demás significativo, por no hablar de los medios electrónicos –radio y TV- que tampoco dieron a conocer estas informaciones de alta relevancia política y social), la ley comenzaba a discutirse en la legislatura en la semana del 5 de octubre. Parece ser que la reforma aún no se votó, ya que las últimas novedades publicadas al respecto se refieren a la conferencia de prensa convocada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación Civil por la Igualdad y las Justicia (ACIJ) y otras organizaciones sociales, para exigir que no se lleve adelante esta reforma. Para una información más detallada de la cuestión, ver: “Un freno a los jueces que molestan” (Página 12, 30/05/2008), “Un límite macrista a la justicia” (Página 12, 24/09/2009), “Ugolini Jueza, sea como sea” (Página 12, 27/09/2009) y “Una reforma judicial con sello PRO” (Página 12, 28/09/2009), que al menos hasta el día 9 de octubre también podían encontrarse en la versión digital del diario.


[iii] Algunos aspectos a destacar del caso de la “ex AU3” son: a) en primer lugar el hecho de que buena parte de los vecinos que resistieron los desalojos se encontraban organizados desde hacía varios años, al punto tal de que obtuvieron dos leyes –la 324 y la 341- con las que se apuntaba a una solución definitiva a su problema habitacional, mediante una línea de créditos del IVC que tenían como objetivo la compra de los inmuebles por parte de los mismos ocupantes; b) el carácter extorsivo que caracterizó la oferta de por parte del GCBA, de acuerdo a las palabras de los propios vecinos; c) la campaña mediática de desprestigio hacia los ocupantes, quienes fueron tildados de delincuentes por parte del mismísimo Mauricio Macri, a raíz de la cual el jefe de gobierno fue denunciado ante el INADI. El caso del tramo 5 de la traza de la ex autopista 3 fue seguido por el periódico digital la politica online, de donde se recoge la información. Al día 5 de octubre podían encontrarse los siguientes links: uno, dos y tres.



viernes, 9 de octubre de 2009

En el cielo ¿las estrellas?, en el barrio ¿los vecinos o las barriadas?





En el cielo ¿las estrellas?, en el barrio ¿los vecinos o las barriadas?

Una ciudad es una mamushka. No vivimos en una ciudad –como cantaban setentistamente Pedro y Pablo- sino en muchas, aun sin salir –supuestamente- de la misma: he aquí el quid de la cuestión, no hay Lo uno a la hora de hablar de las ciudades, sino siempre Lo múltiple. No una ciudad sino muchas, aunque sea dentro del mismo catastro o nominación. ¿Qué tienen en común las experiencias de caminar por Villa del Parque (VDP), allí donde los vecinos -esa categoría tan aristocráticamente decimonónica como neoliberalmente propia del siglo XXI- todavía -¿todavía?, ¿es una cuestión de todavías?- reciben la tardecita con puertas y ventanas abiertas -supuestamente inconscientes de la constante ola de robos que, según los principales medios de orinación, asola la ciudad-, con hacerlo por Recoleta, allí donde tampoco se cruzan demasiadas personas por las veredas, pero en este caso porque la seguridad privada pagada por los vecinos ejerce un más o menos estricto control sobre los habitúes de esas calles y acequias, motivo por el cual ante la identificación de un extraño de esos lares las luces de alarma se prenden en las esquinas de las calles repletas de altos edificios y adolescentes de casas bajas? Lo que no existe en estos barrios, los barrios nortes de una ciudad que no es una sola ciudad, son las memorias de lo que alguna vez fue la ciudad: no ya la borgeanamente mítica fundación de Buenos Aires por lo que hoy es uno de los tantos Palermos –Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo Bronx, Palermo Entel-, sino lo que la(s) ciudad(es) fue en un pasado no demasiado lejano, es decir, considerablemente reciente. Estos barrios, los barrios inmobiliariamente seductores por excelencia, son barrios psicóticos, barrios sin pasado y con puro presente, barrios inmanentes no por antiestructuralistas o posparanoicos sino por obcecada plegación a un presente que –unidimensionalmente- no conoce otra dimensión que su propia existencia, a lo sumo pro-yectada a un futuro donde se puedan hacer mejores tretas: son barrios donde, aún sin plebeyos trenes de por medio, los puentes han sido dinamitados, no hay puentes que conecten y separen con los pasados de los que siempre se parte.


¿De qué se habla cuando se habla de barrios? Se corre el riesgo, pareciera, de cierto isomorfismo barrial, de atribuirle cierta existencia humana independiente a espacios que –como casi todo en la vida- obedecen a una sobre-determinación de factores y no a una unilateralidad de motivos. Hemos salido del determinismo, reduccionista como todo determinismo, del marxismo economicista que suponía –y, tristemente, ahora sí todavía, aún supone- que proletarizarse e irse a vivir a los barrios bajos era el modo de –conductistamente- corregir los defectos pequebuses engendrados por el nacimiento y crianza en un ámbito pequeñoburgués –como si el entorno obrero, ejerciendo la labor de correa de transmisión política-ideológica, fuera el reaseguro de la orgásmica toma de conciencia clasista que llevaría a adoptar el punto de vista de la clase obrera-, para re-caer en otros dos determinismos, que no por antagónicos resultan dispares, aunque no necesarios, es decir imprescindibles el uno para el otro: el reduccionismo chabón que -isomórficamente- le atribuye determinadas características más o menos inmutabes a determinados barrios –Palermo es cultural, Almagro tanguero, Barrio Norte cheto, Villa Crespo judío, Boedo aguantador, Parque Patricios progresista, Paternal amante del buen fútbol, Once boliviano-, y, aquel que ha adquirido notoriedad mediática desde marzo del 2008, el reduccionismo geográfico agrícolo-ganadero: las posiciones político-ideológicas de una persona –sí, una persona, para jacobino terror de los que clickean la opción de sinónimos (como si existieran) para no escribir aquella palabra, redundando en sujeto, ser, individuo, según se pretenda más o menos filosófico- no de-penden -es decir, no penden alrededor de determinado hilo personal- de las opciones político-filosóficas elegidas por la persona en cuestión, sino, geograficistamente, del lugar donde nació y creció. Así, es posible escuchar de un cuadro bajo de Federación Agraria, esa corporación fundada a los alcortianos gritos para oponerse a las prácticas –que son prédicas, y viceversa- latinfudistas de la Sociedad Rural con la que desde hace año y seis meses los une el amor y no el espanto en la antimatrimonial Mesa de Enlace, las posiciones ante la indiscriminada –y, según dicen cuadros kirchneristas, albertofernandizta, como, dicen los mismos, la suspensión del conteo de las licencias de los medios de octubre del 2005- 125 no dependería, por ejemplo, de la visión de la sociedad, el país y su relación con uno –y sólo uno, y, como es sabido, de los que menos empleo genera, y, para mal de males, cuando lo hace suele ser en negro- de sus sectores productivos, la corporación agrícola-ganadera, sino, por caso, de si esa persona nació en América o Valentín González –metrópolis de la patria sojera: ¿de dónde salió, si tan malos fueron los dividendos del sector agrícolo-ganadero del 2003 al presente, el dinero que cimentó el nada español pero muy inquilino boom inmobiliario en pueblos y pequeñas ciudades del (mal llamado) interior de la Provincia de Buenos Aires? ¿Todos inversores españoles, rusos o piratas somalíes?- o en Belgrano. Ahora, ¿cómo explicar entonces el apoyo –la apoyatura sexual, el (citando en una cita a ciegas a Melanie Klein para analizar la diáspora entre el mal llamado gobierno y el peor llamado campo) encabalgamiento de una función simbólica sobre otra alimenticia- de muy porteños -¿o portuarios?- habitantes de los barrios de Recoleta, Barrio Norte, Palermo y Belgrano –y, desde ya, no solamente ellos, no será desde aquí que se operen (sin anestesia) reduccionismos- de los desplantes piqueteros y caceroleros, primero de los productores -¿puede llamarse productor alguien que alquila su campo al mejor sojizador?- agrícolo-ganaderos y luego de los coquetos vecinos de los barrios norteños, aconsejados en las gramáticas de la protesta y barroquicidad -y no grisaciedad- de la democracia por la otrora vanguardiardistamente comunista Beatriz Sarlo? ¿Y cómo explicar, también, la oposición, no en este caso a la 125 sino a las demandas corporativas del simplificadoramente llamado campo, de parte de ese mismo campo, como ser el Mocase, las Ligas Agrarias norteñas o los pequeños(-¿burgueses? –No, no)productores individuales que, en un acto de sinceridad más cercano al sincericidio que a la calamaresca honestidad brutal, reconocieron que, por motivo de la oficial política cambiaria de devaluación de la moneda nacional que consabidamente beneficia una actividad exportadora como la agrícola-ganadera, no han sido poco los dividendos que obtuvieron del 2002 al presente? ¿Cómo mantener el reduccionismo geograficista cuando porteños apoyan acaloradamente, en medio del otoño estival, demandas de provincianos pseudoproductores especuladores y cuando interinos del norte o de la frígida pampa húmeda se oponen a las simplificaciones que una mesa que dice re-pre-sentarlos opera sobre un campo al que también pertenecen: el campo, la no-ciudad?


La referencia a Sarlo no es propia de posmemoriales jóvenes irrespetuosos de las aguas de la que alguna vez bebieron. Es brillante su posmemorial –toda memoria (como las obras según Urondo) es póstuma, siempre y cuando se entienda el pos como posterior y no como superación- sorpresa ante la melancolía de jóvenes por calesitas que jamás conocieron. También es aguda su vehemencia para ahincar que el neoliberalmente posmoderno –a la vez que conservadoramente nostálgico- sueño seguritario de Macri de una ciudad donde los vecinos -como en una aguafuerte de Arlt- vuelvan a tomar mate en la vereda es imposible, porque el plasma, la mediática educación política de las presentes generaciones, no se puede sacar a la calle. A los vecinos no les interesa sacar las sillas a la acequia y dialogar con sus vecindades a través de la calle o la cabeza de la patrona que ceba mate. Les interesa, pareciera, otra cosa: encerrarse en la seguridad del espacio privado, aún con las puertas y las ventanas abiertas hacia el antaño espacio público de la calle, a ver y escuchar cómo empresas y partidos políticos que se pretenden medios de comunicación pretenden presentar como ingenuos labradores de la tierra a machistas, sexistas, racistas y especuladores –por inflación o por alquiler- golpistas agrícolo-mediáticos.



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De yapa Ley de medios: Delirium tremens. Traido desde
Barricada TV.